Venezuela sufre una crisis eléctrica estructural que se extiende por todo el territorio nacional. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025, publicada por la Universidad Católica Andrés Bello, 9 de cada 10 hogares reportan interrupciones del servicio eléctrico, y 4 de cada 10 afirman que esos cortes son diarios y se prolongan durante varias horas. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 36 protestas por fallas eléctricas, 24 de ellas en marzo, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que atribuyó las manifestaciones a los cortes frecuentes y sin anuncios que afectan actividades domésticas, comerciales y de servicios.

El problema tiene raíces largas. Al menos desde 2009, durante la presidencia de Hugo Chávez, el gobierno comenzó a aplicar medidas de racionamiento eléctrico y, en 2010, declaró la llamada "emergencia eléctrica". Más de quince años después, los cortes no solo persisten sino que se han agravado.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez atribuye la situación al crecimiento económico y al aumento del consumo. Los expertos rechazan esa lectura: el incremento registrado en la demanda respecto a 2025 es de apenas un 5%, un salto insuficiente para explicar cortes de hasta ocho horas diarias en ciudades enteras. La causa real está en el estado del sistema.

Venezuela tiene en teoría una capacidad instalada para generar unos 36.000 megavatios, pero la capacidad realmente disponible se ubica entre los 13.000 y 13.500. Las fuentes hidroeléctricas generan unos 17.000 megavatios, pero solo pueden aprovecharse 10.000, porque el sistema de transmisión no está en condiciones de transportar más. Los restantes 3.000 megavatios disponibles provienen de plantas termoeléctricas que operan en torno al 13% de su capacidad. El resultado es un sistema que llegó a su límite y ya no puede absorber ningún incremento de demanda, por pequeño que sea. El impacto económico es inmediato: los comercios deben sostener gastos fijos (alquileres, nómina, impuestos) durante horas de cierre forzado, sin posibilidad de recuperar esa producción perdida.

La contradicción central del caso venezolano es que esta crisis bloquea directamente el relanzamiento de la industria petrolera, el principal objetivo declarado tanto por el gobierno de Rodríguez como por la administración Trump. Los campos de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se produce la mayor parte del crudo venezolano, dependen de la red eléctrica nacional. Cada interrupción del servicio puede detener decenas de pozos de forma simultánea, con consecuencias que no se revierten de inmediato cuando vuelve la corriente. Para las empresas extranjeras que quieran invertir, la única alternativa viable sería importar sus propias plantas eléctricas y su propio combustible, dado que el que puede ofrecer PDVSA es de baja calidad y requiere mantenimiento más frecuente y costoso.

Este cuadro contrasta con el lugar que Venezuela empieza a ocupar en el mercado petrolero global. En abril y mayo se posicionó como el cuarto mayor proveedor de petróleo de India, solo superado por Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En lo que va de mayo, India importó 319.200 barriles diarios de crudo venezolano, un incremento del 13,9% respecto al mes anterior. La demanda externa existe y crece. La pregunta es si la infraestructura interna puede sostenerla.

A la degradación estructural del sistema se suma una denuncia política de peso. El ex gobernador y diputado Andrés Velásquez afirma que en el complejo hidroeléctrico de Macagua y en la subestación Guayana, ambos en el estado Bolívar, operan granjas de minería de criptomonedas con la connivencia de autoridades locales, en violación directa de la prohibición que el propio Ministerio de Energía Eléctrica ratificó en mayo. La denuncia apunta a la gobernadora Yulisbeth García y al jefe regional de Corpoelec como responsables de proteger esa actividad, al tiempo que la misma funcionaria celebraba públicamente el desmantelamiento de otras granjas ilegales en la región.

Restablecer un sistema eléctrico confiable requeriría, según estimaciones técnicas, unos 45.000 millones de dólares y aproximadamente seis años, con los primeros dos o tres destinados a estabilizar la red y recuperar capacidad instalada que existe pero no está operativa. Sin embargo, la escasez de fondos nunca fue el problema central: el chavismo invirtió entre 1999 y 2025 unos 117.040 millones de dólares en el sector, frente a los 48.250 millones que costó todo el sistema construido durante la segunda mitad del siglo XX. Pese a esa inversión, el 80% del suministro actual sigue generándose a través de infraestructura anterior a 1998. La conclusión de los expertos es que el deterioro no obedeció a falta de recursos sino a un modelo de gestión basado en el despilfarro, la opacidad y la ausencia de criterios técnicos. En ese marco, la promesa de Trump de invertir 100.000 millones de dólares para relanzar la industria petrolera venezolana enfrenta un obstáculo previo, concreto y sin solución a corto plazo: no hay electricidad para sostenerla.