José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español entre 2004 y 2011, se convirtió este martes en el primer expresidente de ese país en ser imputado en una causa judicial. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo citó como investigado para el próximo 2 de junio en el marco del caso Plus Ultra, una causa que investiga el posible uso ilícito de influencias para favorecer el rescate estatal de 53 millones de euros a la aerolínea homónima durante la pandemia. Los cargos son tres: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Según el auto de imputación, de 85 páginas, el magistrado describe la existencia de una presunta red organizada liderada por el expresidente, cuyo centro de operaciones habría sido su propio despacho en la calle Ferraz de Madrid. El juez señala que Zapatero habría puesto sus contactos institucionales y empresariales de alto nivel al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables del Estado, aunque evitando siempre la exposición directa. Su liderazgo, sostiene el magistrado, no se manifestaba de forma pública sino a través de otros operadores de la trama.

Los indicios que sustentan esa conclusión provienen en gran parte de conversaciones interceptadas a los investigados. En esos registros, distintos miembros de la presunta organización se referían al expresidente como "nuestro pana", hablaban del "Grupo Zapatero" y lo mencionaban como contacto clave ante organismos públicos. En una comunicación de enero de 2021, uno de los implicados afirmaba: "Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España". En otra, interceptada al empresario Julio Martínez, considerado amigo personal del expresidente y figura central de la trama, este le decía a un cliente que no podía atenderlo porque se encontraba "en misión de Z".

El auto también detalla los flujos de dinero. Entre 2020 y 2025, distintas empresas vinculadas a la trama habrían transferido cerca de 1,9 millones de euros a Zapatero y su entorno. La empresa de comunicación y marketing de sus hijas, Whathefav S.L., habría recibido más de un millón de euros en ese período, provenientes de firmas como Análisis Relevante, Gate Center, Thinking Heads e Inteligencia Prospectiva, esta última prácticamente sin actividad comercial propia.

Otro elemento que llamó la atención del juez fue el comportamiento del empresario Julio Martínez, quien habría borrado de manera sistemática los mensajes que le enviaba a Zapatero. En los que sí se conservaron, dirigidos a terceros, aparecían frases como "presidente, le reporto las novedades" o "nos mantenemos atentos a sus indicaciones". Además, la investigación encontró correos internos que revelan que Zapatero y Martínez evitaban ser vistos juntos al viajar en avión y que la presencia del empresario no quedaba registrada en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, a la que el expresidente accedía por su antigua condición de jefe de gobierno.

El caso había sido archivado, pero fue reabierto en 2024 tras descubrirse que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear fondos provenientes de operaciones presuntamente corruptas vinculadas a altos funcionarios venezolanos.

Zapatero negó todos los cargos en un video difundido tras recibir la notificación judicial. Aseguró que jamás realizó gestiones ante ninguna administración pública en relación con Plus Ultra y que nunca tuvo sociedades mercantiles ni en España ni en el exterior. El presidente en ejercicio, Pedro Sánchez, salió a defender su "buen nombre" y pidió confiar en la justicia. La oposición del Partido Popular calificó la imputación de "extrema gravedad" y exigió la comparecencia urgente de Sánchez ante el parlamento.