La investigación se centra en un monto estimado superior a 19.000 millones de pesos correspondientes a retenciones realizadas entre 2024 y 2025. Según la resolución judicial, la AFA habría retenido aportes previsionales e impositivos sin transferirlos en tiempo y forma a los organismos correspondientes. El expediente sostiene que esos fondos fueron utilizados transitoriamente para sostener el funcionamiento financiero de la entidad. La figura penal aplicada contempla sanciones que incluyen prisión e inhabilitación en caso de comprobarse responsabilidad. El procesamiento implica que el juez encontró elementos suficientes para avanzar hacia una instancia de juicio oral.

En el marco de la misma causa, el juzgado dispuso un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes personales de cada uno de los imputados. La medida busca garantizar la eventual recuperación de fondos ante una posible condena económica. Además, se estableció una restricción para salir del país sin autorización judicial previa, aunque no se dictó prisión preventiva. Fuentes judiciales indicaron que la decisión se basa en la necesidad de asegurar la presencia de los acusados durante el proceso. El expediente se encuentra en una etapa intermedia, con recolección de pruebas documentales y peritajes contables en curso. La causa podría ampliarse en función de nuevos elementos que surjan del análisis financiero.

El núcleo de la acusación refiere a la operatoria de retención de aportes vinculados a contratos y pagos dentro del sistema del fútbol argentino. La AFA actúa como agente de retención en múltiples operaciones que involucran a clubes, jugadores y proveedores. La investigación analiza si esos montos, en lugar de ser transferidos inmediatamente, fueron utilizados como financiamiento interno. Este tipo de práctica, de confirmarse, encuadraría en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La diferencia legal clave radica entre un atraso administrativo y una retención indebida con fines de utilización. La defensa sostiene que los pagos se realizaron, aunque fuera de término, lo que busca encuadrar la conducta fuera del ámbito penal.

En paralelo, el expediente incorpora otras líneas de investigación vinculadas a posibles irregularidades en la gestión financiera de la AFA. Entre ellas se mencionan movimientos de fondos hacia cuentas externas y contrataciones bajo análisis por su trazabilidad. También se evalúan vínculos con proveedores y estructuras societarias que podrían haber participado en operaciones cuestionadas. Estas derivaciones aún no tienen imputaciones firmes, pero forman parte del contexto general del caso. La Justicia ordenó peritajes contables para reconstruir los circuitos financieros involucrados. Los resultados de esas pericias serán determinantes para confirmar o descartar nuevas responsabilidades.

Tapia ocupa la presidencia desde 2017 y consolidó su liderazgo tras la obtención de títulos internacionales por la selección nacional. Toviggino, por su parte, concentra funciones clave en la administración económica y en la articulación con las ligas del interior. Ambos tienen influencia directa en decisiones vinculadas a derechos televisivos, distribución de fondos y organización de torneos. La causa judicial introduce un factor de incertidumbre sobre la continuidad de esa estructura de gestión. No obstante, hasta el momento no se registraron intervenciones externas ni cambios formales en la conducción.

El proceso judicial continuará con la etapa de instrucción y la eventual elevación a juicio oral si se sostienen las imputaciones. En esa instancia se evaluarán las pruebas reunidas, incluyendo informes de organismos fiscales y pericias contables. Las penas previstas para el delito investigado pueden incluir prisión efectiva en función del monto involucrado. También se contempla la inhabilitación para ejercer cargos en entidades deportivas o administrativas. La resolución final dependerá de la capacidad de la fiscalía para demostrar el carácter indebido de la retención de fondos.