El caso que conmocionó a la Patagonia y a todo el país llegó este martes a un momento decisivo. Ángel Nicolás López, un nene de apenas cuatro años, ingresó sin signos vitales al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el 5 de abril, cuando se encontraba bajo el cuidado de su madre, Mariela Altamirano. El menor presentaba un paro cardiorrespiratorio y un cuadro neurológico irreversible, según consignó el parte médico oficial. Días después de su internación, el pequeño falleció. La autopsia preliminar fue la que abrió el camino hacia la verdad: reveló la presencia de lesiones internas en la cabeza del niño, incompatibles con una muerte natural. Esas lesiones encendieron todas las alarmas y pusieron en la mira a quienes estaban a su cargo en sus últimas horas de vida.

La versión inicial de la madre no tardó en desmoronarse frente a las evidencias forenses. Altamirano había declarado que Ángel se descompensó mientras dormía, que ella misma le realizó maniobras de reanimación y que llamó a la ambulancia de inmediato. Sostuvo que el niño roncaba, que fue a revisarlo y que en ese momento notaron que no respiraba. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia indicaron que el menor presentaba traumatismos en la zona craneal con golpes que databan de hasta diez días antes de su muerte. El informe médico también registró niveles anormales de glucemia y signos neurológicos de máxima gravedad, como pupilas midriáticas fijas, que indican daño cerebral irreversible. Ante ese cuadro, la Fiscalía decidió actuar y solicitó la detención de la madre y su pareja.

En la noche del domingo 12 de abril, la Policía de Chubut detuvo a Mariela Altamirano y a Michel Kevin González como principales sospechosos del crimen. Hasta ese momento, la pareja se encontraba alojada bajo custodia en un hotel de la ciudad, mientras la investigación avanzaba. Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que González fue llevado a la Seccional Mosconi del kilómetro 3. La hija de ambos, una bebé de seis meses, quedó a resguardo y fue trasladada a Córdoba para quedar al cuidado de su abuela paterna. La detención se sustentó en el informe preliminar de la autopsia, en testimonios de vecinos y en denuncias previas que describían un entorno de maltrato y violencia hacia el menor. Los fiscales calificaron la conducta de los imputados bajo la figura de homicidio agravado, con agravantes por alevosía y ensañamiento.

Este martes se realizó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación en los Tribunales penales del barrio Roca, a cargo del juez penal Alejandro Soñis. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Jefe Cristian Olazábal, el fiscal General Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán. La resolución fue contundente: el juez dictó seis meses de prisión preventiva para ambos imputados por homicidio agravado por el vínculo, delito que en Argentina tiene pena de prisión perpetua. La defensa, ejercida por los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandro Varas, rechazó la calificación argumentando que no habría elementos suficientes para una acusación de esa gravedad, a la espera del resultado definitivo de la autopsia.

Durante la audiencia, González decidió declarar y negó cualquier tipo de maltrato físico hacia el menor. Afirmó que al niño "se lo corregía como a cualquier nene", quitándole la televisión o algún juguete, y desmintió las acusaciones de golpes y agua fría que relataron los testigos. "Nosotros también queremos saber qué pasó", dijo el padrastro, insistiendo en su inocencia. Altamirano, en cambio, eligió el silencio y se cubrió el rostro durante toda la audiencia. La defensa intentó minimizar las lesiones encontradas, describiéndolas como simples "coscorrones" propinados en un contexto familiar normal. Sin embargo, esa explicación chocó de frente con los datos forenses: la autopsia había revelado más de veinte golpes en el cráneo de Ángel.

El padre biológico del niño, Luis López, estuvo presente en los tribunales y no ocultó su dolor ni su indignación. "Me lo mataron, quiero que se haga justicia", expresó durante la audiencia, y calificó lo ocurrido como algo "horroroso". López relató que su hijo vivió con él desde su nacimiento durante cuatro años en un entorno estable y afectuoso, hasta que una decisión judicial otorgó la revinculación con la madre. Su abogado, Roberto Castillo, amplió la denuncia apuntando también a jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección, a quienes acusó de haber ignorado alertas de riesgo previas. Según Castillo, existen testimonios de vecinos que dan cuenta de episodios de violencia reiterados contra el niño, así como de antecedentes del padrastro González por violencia familiar en Córdoba.