En España, el programa PROA+ ha resonado en  más de tres mil escuelas, mejorando el rendimiento de alumnos en situación de vulnerabilidad mediante un plan de refuerzo financiado en gran parte por la Unión Europea. No se limita a casos de inseguridad alimentaria o habitacional, sino que abarca complicaciones familiares, falta de acceso a internet o materiales escolares, dificultades de aprendizaje e incluso talentos sobresalientes. Las escuelas reciben fondos directos para diseñar proyectos propios, orientados por el Ministerio de Educación pero con autonomía para adaptarlos a las realidades diarias del aula.

Lo más destacable es esta colaboración multinivel: la Unión Europea aporta la mayor parte de los recursos, el Gobierno central cofinancia, las comunidades autónomas gestionan la educación y los directores deciden su ejecución. En un contexto político polarizado, donde las divisiones partidarias entorpecen incluso las políticas básicas, este esquema destaca como un ejemplo de responsabilidad compartida.

Un estudio independiente del Ministerio, realizado por la consultora 2e —única en España avalada por la OCDE para pruebas tipo PISA a nivel escolar—, arroja datos concretos: el ausentismo se reduce un 35% en Primaria y un 25% en Secundaria, con una notable baja en las tasas de repitencia. Lanzado en 2005 bajo Zapatero, interrumpido en 2012 por la crisis con Rajoy y relanzado en 2021 por Sánchez con 360 millones de euros —casi todos de los fondos Next Generation EU—, PROA+ demuestra cómo priorizar la recuperación en lugar de recortes extremos marca la diferencia para los sectores más frágiles.

Quizá, Argentina podría inspirarse en este modelo. Mientras España avanza en el ranking PISA gracias a estas intervenciones, el sistema educativo local enfrenta una crisis profunda: las pruebas Aprender revelan rezagos estructurales, con techos colapsados en escuelas como las de Quilmes, violencia escolar y un ausentismo del 40% en secundarias bonaerenses que impide que el 50% de los jóvenes de barrios pobres complete el ciclo. La brecha digital post-pandemia agrava el panorama, con tasas de repitencia cercanas al 10% y falta de recursos básicos. Aunque no es ninguna sorpresa que el mismo sistema se aleja progresivamente de las necesidades de los alumnos, apenas hay movilizaciones para adaptarlo a las nuevas generaciones, pese a las pérdidas de aprendizaje masivas durante la pandemia.

Adaptar PROA+ implicaría otorgar autonomía a directores para desdoblar grupos por materia, implementar codocencia —dos docentes trabajando en paralelo— o expandir iniciativas con refuerzos alimentarios. No se trata de reinventar la rueda: España ha probado que empoderar a quienes conocen el terreno —con experiencia pedagógica y sensibilidad— es lo indicado ya que reduce desigualdades, fortalece la democracia y frena la fractura social que alimenta en parte la distancia de la juventd con la idea del progreso en si.

Con un presupuesto educativo del 6% del PBI, invertir en estas escuelas no es un gasto, sino una barrera contra el colapso social Una total inversion a futuro . Fortalecer la educación pública corrige desigualdades de raíz, consolida el Estado de derecho y genera un clima de esperanza y progreso, tal como lo logra PROA+ al otro lado del Atlántico.