Argentina enfrenta un escenario preocupante: el resurgimiento de enfermedades prevenibles como el sarampión, con brotes que amenazan la inmunidad colectiva lograda con tanto esmero en décadas pasadas.

 En Mendoza, las tasas de vacunación han descendido drásticamente desde la pandemia de COVID-19, dejando a miles de niños expuestos a virus que circulan con mayor intensidad en esta época del año.

El gobernador Rodolfo Suárez y su equipo de Salud, encabezado por el ministro Rodolfo Montero, no dudaron en tomar participación. Y luego de  agotar instancias de diálogo y notificaciones con las familias antivacunas, el gobierno provincial recurrió a la Justicia Civil. "No se trata de castigar, sino de garantizar el derecho a la salud de los niños",  afirmó Montero en conferencia de prensa. Las denuncias iniciales involucran casos donde padres se negaron sistemáticamente a vacunar a sus hijos, principalmente por su ideología respecto al tema pese a la gratuidad y disponibilidad de las dosis en todos los centros de salud públicos, además de ser un derecho fundamental de la salud e integridad física de cualquier persona, independientemente de su edad 

 Procedimiento Judicial en Marcha

Cada denuncia inicia un proceso claro: la Justicia convoca a audiencias urgentes con los progenitores, donde se trata de exponer los riesgos reales de enfermedades como sarampión, polio o difteria, y se les ordena cumplir el calendario nacional correspondiente . Los jueces tienen amplias facultades: desde obligar la vacunación inmediata hasta implementar medidas de protección temporal, como custodia alternativa si persiste el riesgo. En casos extremos, aplican sanciones previstas en la Resolución N° 2.572 de agosto de 2025: multas o  inclusive estaríamos hablando de cinco días de arresto domiciliario.

Iris Aguilar, directora del Programa Provincial de Inmunizaciones, subraya la urgencia: "Estamos en una etapa de alta circulación viral por el cambio estacional. Vacunar no es opcional; es una responsabilidad colectiva que salva vidas". 

Esta iniciativa mendocina genera debate nacional. Por un lado, defensores de la salud pública aplauden la firmeza contra el movimiento antivacunas, y las respectivas sanciones que corresponden ya que es innegable que en el último tiempo se  ha ganado una impunidad para sostener esta postura y ganar terreno con la opinión falta de recursos y pruebas. Se ha dado lugar a que sea expresada esta idea tan dañina para la población desde las redes sociales hasta en el mismo congreso de la nación , por supuesto con un grado de desinformación inaceptable plagado de ideologia. Organizaciones como la Sociedad Argentina de Pediatría respaldan la medida, recordando que la vacunación obligatoria está en la Ley desde 2019. Por otro, críticos hablan de "estado policial", aunque las autoridades insisten en que el foco está en los niños,que son las verdaderas víctimas, no en los padres.

El objetivo final es claro: derrocar la desinformación y dejar de dar lugar a el razonamiento personal contra la ley, los hechos y la ciencia. Se busca alcanzar el 95% de vacunación para lograr inmunidad de rebaño. El calendario oficial incluye dosis contra 20 enfermedades, todas gratuitas y seguras. Con estas denuncias y medidas, la provincia no solo protege a sus 600 mil menores de 18 años, sino que  se consagra en un mensaje contundente a la nación que nuevamente está cayendo en la ignorancia . La salud infantil no se negocia con ideologías u opiniones, mucho menos la ley