La venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires se redujo cerca de un 90% en los últimos dos años, según datos del Gobierno porteño, a partir de una política de desalojos de manteros y control permanente del espacio público. En ese período, se recuperaron 13 espacios que estaban ocupados y se desarticuló un mercado ilegal estimado oficialmente en más de $2.000 millones.

De acuerdo con cifras oficiales, se desalojó a más de 19.000 vendedores y se liberaron 637 cuadras. Las intervenciones se centraron en zonas comerciales y de alto tránsito como Once, Flores, Liniers, Retiro y además de parques como Centenario, Patricios, Los Andes y Saavedra, donde históricamente se registraban grandes concentraciones de venta informal.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que "los manteros no solo se apropian del espacio público que es de todos, también perjudican a los comerciantes que pagan sus impuestos con una competencia desleal. En la Ciudad el orden no se negocia".

El impacto de estas medidas también fue reflejado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que en su último informe indicó que la venta ilegal cayó 85,7% interanual, un dato que el Ejecutivo local vincula con la desaparición de las ocupaciones masivas.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, afirmó: "En estos dos años realizamos operativos inéditos de gran escala en toda la ciudad. Donde intervenimos, nos quedamos. Los grandes operativos están apuntando por un dispositivo de control permanente en cada espacio recuperado".

Actualmente, el Ministerio mantiene equipos de fiscalización diarios con 230 inspectores en coordinación con la Policía de la Ciudad para evitar que vuelvan a instalarse puestos informales, y refuerza los operativos en fechas de alta actividad comercial.

La venta callejera informal es un fenómeno que históricamente generó tensiones en distintos barrios por el uso del espacio público y la competencia con comercios formales. Organizaciónes que nuclean a vendedores ambulantes han señalado en otras oportunidades la falta de alternativas laborales y de espacios de regularización, un punto que suele formar parte del debate en torno a estos operativos.