La causa judicial por presunto abuso sexual contra Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, volvió a cobrar movimiento. Melody Jacqueline Rakauskas, la exsecretaria privada del jefe comunal que lo denunció en 2021, presentó un escrito ante la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en el que ratificó el recurso ya concedido contra el sobreseimiento del dirigente peronista y solicitó que la causa avance hacia un juicio oral y público.

La presentación fue patrocinada por Ignacio Barrios, el nuevo representante legal de Rakauskas, quien reemplazó al abogado anterior luego de que este renunciara al patrocinio. Precisamente, ese cambio de representación legal fue el argumento que utilizó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 para separar a la denunciante de su rol de querellante el pasado 18 de febrero, al interpretar la falta transitoria de abogado como un "desinterés en el impulso de la acción penal".

Para la querella, esa conclusión es errónea y arbitraria. El escrito sostiene que Rakauskas nunca desistió de la acción penal ni expresó voluntad de abandonar el proceso. Por el contrario, el 2 de enero de 2026, la denunciante informó al tribunal su situación de vulnerabilidad, solicitó expresamente un plazo razonable para designar nuevo patrocinio y rechazó cualquier interpretación de renuncia. "La falta transitoria de patrocinio letrado no puede interpretarse como desistimiento expreso o tácito, especialmente cuando la víctima compareció, reclamó garantías y pidió continuar el proceso", argumentó Barrios en la presentación.

El documento también apunta contra el tribunal por no haber adoptado medidas intermedias antes de dictar el sobreseimiento. Según la querella, el juzgado pudo haber concedido un plazo adicional, dispuesto una notificación no policial o promovido la intervención institucional para garantizar asistencia técnica a la víctima. En cambio, optó por cerrar el proceso. "La decisión judicial fue arbitraria y desproporcionada", remarca el escrito.

Un punto central del planteo es que el sobreseimiento de Espinoza no se encuentra firme, lo que habilita a Rakauskas a seguir interviniendo como querellante. El recurso de casación ya fue concedido, y ahora la Sala III deberá analizar si correspondía apartar a la denunciante del proceso y clausurar la causa sin debate oral.

La presentación también advierte sobre un proceso de revictimización y rechaza que la audiencia se convierta en un escrutinio sobre la vida pública de la víctima o sus redes sociales. "La audiencia debe tratar el recurso", señala el escrito, en respuesta a la estrategia de la defensa del intendente, que habría incorporado referencias a publicaciones en redes y grabaciones ajenas a la discusión jurídica central.

La causa tiene sus raíces en una denuncia que Rakauskas radicó en junio de 2021 ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. Según su relato, el 10 de mayo de ese año Espinoza fue a cenar a su domicilio, le pidió masajes de manera intimidante y cometió el abuso. En mayo de 2024, la jueza María Fabiana Galletti procesó al intendente por "abuso sexual simple" y "desobediencia". Sin embargo, en febrero de 2025, la fiscal Mónica Cuñarro solicitó el sobreseimiento por considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación, criterio que luego avaló el fiscal de segunda instancia Mauricio Viera.

Con el Ministerio Público Fiscal fuera de la acusación, la causa quedó impulsada exclusivamente por la querella privada, lo que, según Barrios, incrementaba la obligación del tribunal de preservar con especial cuidado la participación de Rakauskas en el proceso.

Ahora la pelota queda en manos de la Cámara de Casación. Si hace lugar al recurso, la causa podría reactivarse y encaminarse finalmente hacia el debate oral. Mientras tanto, la denunciante sigue bajo custodia y monitoreo por temor a represalias.