El modelo se sostiene sobre una base de consumo masivo. La audiencia en latinoamérica, de la cual Argentina posee una base de suscriptores que supera los 5.5 millones, consume de manera regular este tipo de contenido. Las plataformas han medido que el público regional destinó más de 10.4 mil millones de horas a ver contenido en el primer trimestre de 2023, y las producciones basadas en hechos reales son fundamentales para acaparar esa cuota de tiempo.

En un panorama donde la producción de contenido en Latinoamérica ha sufrido un ajuste, con una caída de casi el 37% en títulos encargados en 2023, el True Crime ofrece un retorno de audiencias, ya que el objetivo primario de estas plataformas es hacerle consumir al usuario un título tras otro durante horas. El costo de desarrollo de un documental que utiliza material de archivo y entrevistas es significativamente menor al de una producción dramática de alto presupuesto, convirtiéndolo en un activo de bajo riesgo que produce los mismos efectos adictivos y que, además, juega con la curiosidad y el morbo del expectador.

El beneficio económico no se genera por la venta directa del documental, sino por la captación y retención de suscriptores, siendo la última la métrica más valiosa. Un caso de alta resonancia social, como el de Báez Sosa, sirve para atraer nuevos usuarios y reduce drásticamente la fuga de suscriptores, manteniéndolos fidelizados a la plataforma.

La cadena de valor del True Crime es clara, aunque los montos se manejan bajo estricta confidencialidad. La plataforma es la que realiza el mayor desembolso al comprar la licencia del contenido a la productora que lo creó. El flujo de dinero se dirige principalmente a tres vías; el pago de la licencia a la productora para cubrir costos de realización, los pagos por derechos de archivo para utilizar material de noticieros o videos de seguridad, y el pago de derechos de imagen y Testimonios.

La productora negocia una compensación económica con todas las partes involucradas. Familiares directos, abogados, y personas que estuvieron cerca de los condenados firman contratos de compensación cuyo monto es acordado contractualmente por su participación y cesión de imagen.

Un ejemplo de este alto valor de contenido es la participación de Emilia Pertossi, abogada y hermana de dos de los rugbiers, en el documental. Sus declaraciones recientes, al poner el foco en "otro tipo de dolor" y cuestionar el manejo mediático del caso, generaron una fuerte controversia.

Las declaraciones de Pertossi, conocidas esta semana, resultaron altamente sensibles. Ella no solo afirmó que el dolor de su familia y el de los padres de Fernando Báez Sosa "no es una competencia, son distintos, muy distintos, pero es dolor”, sino que además cuestionó la narrativa mediática construida alrededor de los jóvenes. Aseguró que "todas las filtraciones tenían un sentido. Nada era al azar", buscando reforzar una "imagen horrorosa que formaron" sobre los condenados. Esta  perspectiva, que ofrece una visión opuesta a la versión dominante, es el contenido más valioso y exclusivo que la plataforma puede obtener.

La obtención de este testimonio exclusivo, que garantiza debate y clics, es un activo invaluable para la plataforma, justificando el desembolso que se realiza en estos contratos de compensación. La inclusión de voces confrontativas garantiza que el contenido no solo sea visto, sino que continúe siendo tema de conversación días o semanas después de su estreno.

La realización del documental demuestra que lo importante para Netflix no es pedir justicia por Fernando, ni darle voz y entidad al caso, sino encontrar una nueva manera de facturar más dinero a costa de una tragedia. Ya que las series y películas de ficción originales de la plataforma no cumplen el efecto de enganche que solían tener, la oferta se está redireccionando hacia la reconstrucción (y en algunos casos, la deformación) de los casos reales.