El Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo capítulo en la historia de Tecnópolis con el lanzamiento de una licitación pública para concesionar el predio a operadores privados por un período de 25 años.

La decisión se presenta como parte de una estrategia más amplia de reducción del gasto público y reordenamiento del rol del Estado en la gestión de grandes infraestructuras culturales y recreativas. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien remarcó que el parque “pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada” y que dejará de ser “una carga para los bolsillos de los argentinos”, en línea con el discurso oficial de déficit cero.

La licitación se canaliza a través de un concurso público nacional gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que establece una concesión inicial de 300 meses, equivalentes a 25 años, con posibilidad de prórroga acotada. El pliego fija un canon mensual de cientos de millones de pesos y define que el futuro concesionario deberá asumir la explotación integral del predio a partir del 1 de julio de 2026, respetando los compromisos ya asumidos para ese año. De este modo, Tecnópolis, en teoría, conservaría la titularidad estatal, pero su uso y explotación comercial quedarán en manos de un operador privado bajo un esquema de asociación público‑privada.

Desde el Gobierno se insiste en que la medida responde a la necesidad de dejar de financiar una estructura que califican como “históricamente deficitaria”. Fuentes oficiales mencionan deudas acumuladas de sumas enormes de dinero y un proceso de ajuste que ya incluyó la reducción de la planta de personal, que habría disminuido en más de un 30% desde 2023. Se destaca el giro de un modelo centrado en la erogación estatal hacia uno basado en ingresos proyectados por el canon de concesión y las actividades comerciales que desarrolle el privado. Para la administración nacional, este giro no solo lograría anestesiar las cuentas públicas, sino que, a su vez, permitiría canalizar inversiones que el Estado hoy aparentemente no está en condiciones de afrontar.

De todas maneras, la explotación deberá orientarse prioritariamente a actividades culturales, recreativas, educativas y de esparcimiento, incluyendo propuestas deportivas no competitivas y programas de integración comunitaria, manteniendo así un poco la esencia de la propuesta de Tecnópolis desde sus inicios. El concesionario tendrá que garantizar el acceso del público, sostener una programación compatible con esos objetivos y mantener la infraestructura, al tiempo que se le abre margen para desarrollar iniciativas comerciales que hagan sustentable el negocio.

La decisión de concesionar Tecnópolis no es menor: impacta sobre un espacio que se consolidó como emblema de las políticas culturales de los distintos gobiernos kirchneristas. Desde su inauguración, el predio funcionó con una dinámica fresca, con un enfoque en los proyectos de divulgación científica, muestras de arte y eventos masivos que se ocuparon de promover la ciencia, la tecnología y la cultura con un fin popular y didáctico, sobre todo hacia las infancias, consolidando así un lugar donde las mismas podían descubrir jugando, con un acercamiento a la tecnología basado en lo experimental.

Para el oficialismo actual, ese modelo está asociado a un esquema de gasto insostenible; para amplios sectores de la oposición y del campo cultural, por otro lado, la concesión es leída como un avance privatizador sobre un símbolo de la presencia estatal en la producción y el alcance del conocimiento. La discusión vuelve entonces sobre lo mismo, la pregunta que divide a nuestro país: ¿qué lugar debe ocupar el Estado en la gestión de los bienes culturales?

Es aún un gran enigma cómo se llevará a cabo la propuesta, qué tanto se mantendrá lo pactado y cuánta intervención habrá en el proyecto en los próximos meses. El desarrollo del proceso y el perfil de los oferentes que se presenten serán claves para dimensionar el alcance real de la transformación. Quedará por verse si el nuevo esquema logra el delicado equilibrio entre alivianar las finanzas públicas, atraer inversión privada y, al mismo tiempo, sostener el espíritu de parque público dedicado a la ciencia, la cultura y la tecnología que marcó la identidad del sitio desde su origen.

Para el Gobierno, se trata de convertir un “activo deficitario” en un negocio “sustentable”; para el pueblo, el desafío será vigilar que, en ese proceso, no se pierda el sentido público de no solo uno de los espacios más emblemáticos de la última década, sino también de un símbolo de unión y oportunidad para todas las infancias de la Nación. Nuestro ojo estará puesto en que, a pesar de los diversos cambios que puedan llegar a ocurrir, las nuevas generaciones también puedan gozar de acercamientos a la ciencia y la cultura desde un costado más juvenil y sensible.