El regreso triunfal de Pity Álvarez a los escenarios argentinos dio lugar a una euforia colectiva, pero a su vez generó revuelo en el ámbito jurídico.

 Cómo es posible que una misma persona no esté en sus facultades para afrontar el juicio que le espera, pero pueda al mismo tiempo plantarse en un escenario con alrededor de 35.000 personas en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba?. Sin respuestas, y con una publicidad persistente, el líder de Viejas Locas e Intoxicados revivió su leyenda el 20 de diciembre de 2025, siete años después de su último show. 

El caso 

La noche del 9 de septiembre de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano, el músico disparó tres veces contra Cristian Díaz, de 20 años, tras una discusión por una mujer. Álvarez huyó del lugar, pero fue detenido días después en un  departamento de Recoleta. El expediente suma cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y privación ilegítima de la libertad agravada. Desde entonces, su juicio se encuentra suspendido porque se discutía su capacidad procesal para afrontar el juicio oral, ya que existían peritajes psiquiátricos que sostenían que su salud mental no le permitía defenderse en juicio. 

Es que el sistema procesal penal requiere, para la celebración del juicio, que la persona sea capaz de comprender el alcance del juicio, la acusación, y de participar del proceso defendiéndose. Si no cuenta con esa capacidad, el juicio se suspende hasta que tales condiciones se presenten, y se controla mediante revisaciones médicas periódicas. 

Luego del show, se conoció que el músico enfrentará una nueva evaluación psiquiátrica el 10 de febrero de 2026, cuyo resultado será crucial para definir si puede hacerse finalmente el juicio  por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido hace más de seis años, en 2018.

La revisación,  a cargo de la Junta Médica Forense -integrada por especialistas en psiquiatría forense-, analizará informes actualizados de su estado mental, incluyendo su evolución durante la internación en el Hospital Braulio Moyano y su reciente actividad pública. Este dictamen,  resulta un punto de inflexión, porque dará herramientas técnicas al tribunal para  definir si Álvarez está finalmente en condiciones de ser sometido al juicio, el que podría iniciarse en meses, enfrentando penas que tienen un mínimo de 10 años y va hasta 25 años de prisión. De lo contrario, es posible que permanezca bajo internación psiquiátrica. 

Los abogados querellantes argumentan que el concierto en sí mismo,   evidencia estabilidad emocional, y que por tanto, no existen razones para continuar la suspensión del juicio.

El concierto en Córdoba no fue un evento aislado, sino el fruto de una autorización judicial especial que permitió al rockero, de 49 años, retomar su carrera tras años de internación psiquiátrica. Si bien se afirma que el permiso se obtuvo con estrictas condiciones de seguridad, el show derivó en controversias inmediatas. El fiscal Sandro Abraldes, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, presentó una denuncia penal contra Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, y la productora Pop Art Music. La acusación apunta a irregularidades graves: obstaculización de un operativo policial dispuesto para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas a Álvarez.

Según la denuncia, agentes de la Policía Federal intentaron ingresar al estadio durante el recital para inspeccionar el perímetro y el backstage, pero se toparon con puertas cerradas y personal de seguridad que les negó el paso. 

Peor aún, un funcionario provincial habría filtrado información sobre el operativo, alertando al entorno del músico y frustrando la intervención. "Se trató de una maniobra deliberada para evadir los controles judiciales", sostuvo Abraldes en su presentación. Estas acciones no solo ponen en jaque la responsabilidad de los organizadores, sino que reavivan el debate sobre los límites entre la libertad artística y la responsabilidad penal en casos de alto perfil.

Su regreso, con un setlist que repasó lo mejor de Intoxicados y Viejas Locas, fue celebrado como un acto de redención. Sin embargo, las denuncias post-show subrayan que la fama no exime de responsabilidad. En un país donde la impunidad es un reclamo constante, debemos separar al artista de su diagnostico y sus actos. Y si se encuentra en condiciones de enfrentar el juicio, que sea la Justicia la que determine si Pity Álvarez, es culpable y debe responder por sus actos.