La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a cuatro años de prisión contra Julio De Vido, exministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por su responsabilidad en el delito de administración fraudulenta vinculado a la tragedia ferroviaria ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la estación Once.

 Este accidente causó la muerte de 51 personas y dejó un número significativo de heridos, siendo una de las tragedias más graves en la historia del transporte ferroviario del país.

La justicia determinó que De Vido fue partícipe necesario en la defraudación contra la administración pública, debido a la falta de control sobre el uso de fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), encargada del mantenimiento de los trenes que operaban en la línea Sarmiento, donde ocurrió el accidente. A pesar de los informes y alertas públicas sobre el mal estado de los trenes y la necesidad de mantenimiento, el Ministerio de Planificación —a cargo de De Vido— no ejerció el control necesario para evitar el colapso de tal.

En el proceso judicial, De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo, que se vincula directamente con las muertes y lesiones provocadas por la tragedia. Sin embargo, el tribunal consideró probado que hubo defraudación en la administración y en el manejo de los recursos, lo que contribuyó indirectamente a las condiciones que provocaron el accidente.

La condena inicial fue de cinco años y ocho meses, pero tras varias apelaciones y la revisión de la Corte Suprema, se ajustó a cuatro años de prisión, que también incluyen la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas y el pago de costas judiciales. Esta decisión fue tomada por una mayoría de jueces en la Corte.

Tras la confirmación de la condena, el Tribunal Oral Federal N°4 ordenó la detención de Julio De Vido para hacer efectiva su prisión a partir del jueves 13 de noviembre de 2025. Dadas las condiciones de salud y la edad avanzada del exministro (75 años), se evaluará si cumplirá la pena en prisión común o bajo arresto domiciliario.

Este fallo se da en un contexto donde Julio De Vido ya enfrenta otras condenas por hechos similares, como la compra fraudulenta de trenes de mala calidad e irregularidades en la adquisición de gas natural licuado.

 La tragedia de Once sigue siendo un caso emblemático que muestra las consecuencias de la falta de control y corrupción en la gestión pública, y la responsabilidad legal de funcionarios de alto nivel en la administración estatal.

La investigación comenzó en 2013, impulsada por el fallecido juez Claudio Bonadío, y a lo largo de los años se han condenado a varios funcionarios, empresarios y operarios relacionados con el funcionamiento del servicio ferroviario. El caso sigue siendo un referente en la lucha contra la impunidad en Argentina, y el fallo reciente de la Corte Suprema reafirma el compromiso judicial en sancionar conductas que dañan el interés público y provocan tragedias de gran magnitud.

El juicio y condena de Julio De Vido  es un antes y un después en la historia de nuestro país.

Todas las acciones legales llevadas a cabo durante todos estos años representan un punto clave en la exigencia de responsabilidades tras la tragedia de Once, y marcan un precedente para asegurar que la gestión de los recursos públicos se realice con transparencia y control efectivo, evitando así futuras tragedias con consecuencias fatales.

Estamos a la espera del -tan anhelado - desenlace de esta atroz historia que sigue perturbando la memoria del pueblo.