Donald Trump, confirmó que elevará los aranceles globales sobre las importaciones del 10 % al 15 %, en respuesta al fallo del máximo tribunal que limitó el alcance de su política comercial. La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa institucional sobre las facultades del Poder Ejecutivo para establecer gravámenes.

La Corte Suprema resolvió por mayoría que el mandatario había excedido su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles de forma unilateral. Según el fallo, la Constitución estadounidense reserva al Congreso la potestad exclusiva de fijar impuestos y derechos de importación, por lo que el mecanismo empleado por la Casa Blanca no se ajustaba al marco legal.

Tras conocerse la decisión judicial, Trump cuestionó el pronunciamiento y defendió la necesidad de mantener una política comercial firme frente a lo que considera prácticas desleales de otros países. En ese contexto, anunció que aumentará la tasa arancelaria global al 15 %, el máximo permitido bajo la normativa alternativa invocada por su administración.

De acuerdo con lo informado, el Gobierno recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita al presidente a imponer aranceles temporales de hasta el 15 % durante un plazo máximo de 150 días sin requerir aprobación previa del Congreso. Esta herramienta permite una aplicación inmediata, aunque establece un límite temporal claro.

Inicialmente, luego del fallo judicial, la Casa Blanca había anunciado un arancel global del 10 %. Sin embargo, el nuevo comunicado presidencial confirmó que la tasa se incrementará al 15 % con efecto inmediato. El mandatario sostuvo que la medida se encuentra dentro de las atribuciones que le otorga la legislación vigente.

El pronunciamiento de la Corte Suprema constituye un revés para la estrategia comercial impulsada por la administración. El tribunal consideró que la ley de emergencia invocada no otorgaba facultades amplias para establecer un esquema arancelario generalizado y que su utilización en ese sentido excedía la intención del Congreso al aprobarla.

Ante este escenario, la Sección 122 introduce un nuevo marco jurídico para sostener la política comercial del Ejecutivo. No obstante, al tratarse de una disposición temporal, su continuidad más allá de los 150 días dependerá de la eventual intervención legislativa o del uso de otros instrumentos previstos en la normativa comercial estadounidense.

La suba de los aranceles podría generar efectos tanto en el mercado interno como en el comercio internacional. Los gravámenes adicionales impactan sobre el costo de los bienes importados y pueden trasladarse a precios para consumidores y empresas. Asimismo, existe la posibilidad de que otros países adopten medidas en respuesta a la decisión estadounidense.

En el plano político interno, el debate se centra en el alcance de las facultades presidenciales y en el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras el fallo judicial subrayó que la creación de impuestos corresponde al Poder Legislativo, la administración sostiene que dispone de instrumentos legales para actuar ante situaciones económicas adversas.

En el ámbito internacional, el nuevo arancel global del 15 % introduce un factor adicional de incertidumbre en las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus socios. La medida implica un encarecimiento generalizado de productos importados y podría modificar dinámicas de intercambio y cadenas de suministro.