El domingo 18 de enero por la tarde, alrededor de las 19:45 hora local, dos trenes de alta velocidad colisionaron en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba al sur de España, dejando un saldo que hasta el momento asciende a al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos de distinta gravedad, según el último reporte oficial difundido por las autoridades españolas.

Los trenes implicados en el choque eran un convoy Iryo 6189, que cubría la ruta Málaga–Madrid con alrededor de 300 pasajeros a bordo, y un tren Alvia 2384, que circulaba de Madrid hacia Huelva con aproximadamente 184 pasajeros.

Según investigaciones preliminares, el tren Iryo descarriló al ingresar a los desvíos de entrada de la vía 1 en Adamuz, cruzando así la vía contigua por la que circulaba el Alvia en sentido contrario. La colisión resultante fue frontal, lo que provocó el descarrilamiento adicional de ambos trenes y el vuelco de múltiples vagones.

Los equipos de emergencia actuaron con rapidez en la zona, desplegando maquinaria pesada y estableciendo puestos de atención médica para evacuar y asistir a los heridos, muchos de los cuales quedaron atrapados entre los restos de los vagones.

De los más de 150 heridos, decenas permanecen hospitalizados en distintos centros médicos de Andalucía, algunos en estado grave o crítico, incluyendo menores de edad, según los datos oficiales. El número de fallecidos aún podría aumentar, ya que las labores de búsqueda y rescate continúan avanzando entre los escombros de las formaciones descarriladas.

Mientras las autoridades y equipos técnicos siguen investigando el siniestro, surgieron reportes de que el tramo ferroviario donde ocurrió el choque había tenido múltiples advertencias previas por problemas técnicos, Según informes difundidos por medios españoles, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el organismo estatal responsable de la infraestructura ferroviaria, había alertado en los últimos meses al menos de ocho incidencias técnicas en el tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, perteneciente a la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla.

La mayoría de esas advertencias estuvieron relacionadas con fallas en los sistemas de señalización, aunque también se informaron inconvenientes en la catenaria (el sistema de suministro eléctrico) y en otros componentes de la infraestructura.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) lidera la investigación oficial para determinar las causas exactas del choque. Aún no se ha emitido un informe conclusivo, aunque diversos expertos consideran que factores como fallas estructurales en la vía o en los sistemas de seguridad podrían haber contribuido al descarrilamiento.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional, canceló compromisos internacionales, incluida su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, y prometió que se llegará “hasta el fondo de lo ocurrido”.

El Ministerio de Transportes informó que se revisarán los protocolos de mantenimiento y control de la red ferroviaria de alta velocidad, en especial en los tramos donde se registraron incidencias previas. La circulación ferroviaria en la zona permanece parcialmente restringida hasta completar las tareas de inspección y reparación.

Con el avance de la investigación, se espera que los organismos técnicos determinen si las alertas registradas anteriormente guardan relación directa con el accidente y si fueron adoptadas las medidas correspondientes. Mientras tanto, continúa la identificación de las víctimas y la asistencia a los heridos, en uno de los accidentes ferroviarios más graves ocurridos en España en las últimas décadas.