El jueves 15 de enero entra en vigencia una de las reformas más comentadas en materia económica y comercial: la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares. A partir de esa fecha, todos los dispositivos que ingresen al país dejarán de pagar el impuesto que tradicionalmente encarecía su llegada, con la expectativa oficial de ampliar la competencia y, sobre todo, abaratar los precios para el consumidor argentino.

La medida completa un proceso que comenzó en 2025, cuando el Gobierno redujo progresivamente el arancel desde un 16% hasta 8%, y ahora lo llevó a 0% mediante el decreto 333/2025. Desde la cartera económica, el ministro Luis Caputo destacó que este paso se enmarca en el objetivo de “bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”.

En el discurso oficial, se repite con frecuencia que la eliminación de los aranceles permitirá una baja significativa de precios. Según datos oficiales, desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de los derechos de importación, los precios de algunos modelos de celulares ya se habrían reducido entre 25% y 35% en distintas marcas y gamas.

No obstante, analistas del mercado señalan que no hay un descenso automático ni uniforme en los precios que se ven en las marcas. Parte de esa divergencia se explica porque muchos de los teléfonos disponibles actualmente fueron importados antes de que la medida entrara en vigor, por lo que no se reflejará de inmediato en el precio final al público. Además, los costos logísticos, la cotización del dólar y otros tributos internos también influyen en la dinámica de los valores.

Desde algunos sectores de comercio y distribución estiman que, con la eliminación del arancel, los precios podrían bajar en torno a un 10% adicional respecto de lo que ya se observaba tras la rebaja previa de tributos, aunque no de forma homogénea entre todas las marcas y modelos.

Una situación particular es la de los modelos de alta gama como los iPhones: algunas importadoras aseguran que ya habían contemplado la eliminación del arancel en sus listas de precios, lo que matiza aún más el impacto directo de la medida en esos segmentos de mercado.

Aunque la eliminación del arancel cero se presenta como una oportunidad para el mercado y los consumidores, los sectores productivos locales alertan sobre los riesgos que implica para la industria nacional, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego, donde se concentra gran parte de la producción de dispositivos electrónicos del país.

La industria electrónica emplea a miles de trabajadores, muchos de ellos vinculados a la fabricación de celulares y otros dispositivos tecnológicos. El sindicato Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y gremios locales han expresado su preocupación, sosteniendo que la eliminación de los aranceles podría tener un efecto negativo sobre la producción nacional y, por ende, sobre el empleo y la actividad industrial en el territorio fueguino.

En 2025, la UOM ya había protagonizado protestas y paros en respuesta a recortes previos de aranceles. La lógica detrás de estas movilizaciones es que, ante la mayor facilidad legal para importar celulares, podría disminuir la competitividad de los productos fabricados en el país frente a los importados.

Otro factor que muchas empresas y analistas mencionan es el peso del mercado informal y el contrabando dentro del negocio de los celulares. Según datos del sector, aproximadamente uno de cada tres celulares que se activa en Argentina no fue traído legalmente ni fabricado aquí, lo que pone en relieve que la baja de aranceles por sí sola no resolverá de inmediato los problemas de precios o formalización del mercado.

Este panorama complejiza las proyecciones sobre cuánto podrá efectivamente bajar el precio de los celulares importados a partir de la eliminación de los aranceles, ya que buena parte de la competencia hoy se juega fuera de los circuitos formales.